Las relaciones entre el Derecho y el poder político han sido siempre especialmente estrechas. De un lado, el poder político es un elemento inevitable para el mantenimiento de la cooperación estable en los grupos humanos, mientras que, por otro lado, el Derecho es el principio ordenador que regulariza las relaciones colectivas y somete el ejercicio del poder al control de la normatividad social general.
Consecuentemente, el poder político, para cumplir su peculiar función, utiliza sobre todo directrices formuladas a través de normas generales y estables. El poder político reclama, por tanto, la existencia del Derecho, puesto que éste es precisamente el instrumento de racionalización de los mandatos del poder.
A su vez, el Derecho reclama la presencia y el respaldo de un poder político capaz de garantizarle la eficacia.
La función básica que el Derecho cumple en la organización de la vida social y los principios valorativos a los que se orienta, hacen de él una realidad que es siempre parcialmente autónoma y que termina imponiéndose, casi siempre, a los intereses primarios del ejercicio del poder.
En esa medida, la relación entre el Derecho y el poder político incluye también con frecuencia alguna dosis de tensión, puesto que, si bien el poder utiliza al Derecho para imponer su orden, al intentar institucionalizar ese orden mediante la legalidad jurídica, termina sometiendo su propia arbitrariedad a la eficacia estabilizadora del Derecho que crea. Pero, a su vez, el Derecho, que es quien deslinda las esferas de poder político y que se constituye en control reglado de ese poder, necesita que la organización política lo defina y lo garantice mediante los mecanismos de su poder.
Consecuentemente, el poder político, para cumplir su peculiar función, utiliza sobre todo directrices formuladas a través de normas generales y estables. El poder político reclama, por tanto, la existencia del Derecho, puesto que éste es precisamente el instrumento de racionalización de los mandatos del poder.
A su vez, el Derecho reclama la presencia y el respaldo de un poder político capaz de garantizarle la eficacia.
La función básica que el Derecho cumple en la organización de la vida social y los principios valorativos a los que se orienta, hacen de él una realidad que es siempre parcialmente autónoma y que termina imponiéndose, casi siempre, a los intereses primarios del ejercicio del poder.
En esa medida, la relación entre el Derecho y el poder político incluye también con frecuencia alguna dosis de tensión, puesto que, si bien el poder utiliza al Derecho para imponer su orden, al intentar institucionalizar ese orden mediante la legalidad jurídica, termina sometiendo su propia arbitrariedad a la eficacia estabilizadora del Derecho que crea. Pero, a su vez, el Derecho, que es quien deslinda las esferas de poder político y que se constituye en control reglado de ese poder, necesita que la organización política lo defina y lo garantice mediante los mecanismos de su poder.