La prodigalidad es una conducta personal caracterizada por la habitualidad en el derroche o disipación de los bienes propios, malgastándolos de forma desordenada.
Actualmente, la prodigalidad no constituye, propiamente hablando, una causa de incapacitación. En los trabajos parlamentarios previos a la Ley 13/1983 estuvo a punto de ser suprimida del Código Civil. Finalmente, se optó por mantenerla, si bien limitando notoriamente la posibilidad de reclamarla: sólo podrán promover el correspondiente juicio de menor cuantía el cónyuge, los descendientes o ascendientes que (por no poder atender a su propia subsistencia) perciban alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación de reclamárselos. En caso de que tales familiares no existan, o existiendo, no tengan derecho a alimentos, cada uno es libre de gastar o malgastar cuanto le venga en gana.
El pródigo, reiterémoslo, no es técnicamente un incapacitado, ni se encuentra sometido a tutela, sino a curatela respecto de los actos de carácter patrimonial que, casuísticamente, se determinen en la correspondiente sentencia. Por tanto, el pródigo no se ve privado de su capacidad de obrar, sino que ha de contar con la asistencia de éste para realizar aquellos determinados actos que determine la sentencia, que válidamente no puede realizar sin su consentimiento.
Tras la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil la situación en relación con los pródigos se mantiene inalterada:
Actualmente, la prodigalidad no constituye, propiamente hablando, una causa de incapacitación. En los trabajos parlamentarios previos a la Ley 13/1983 estuvo a punto de ser suprimida del Código Civil. Finalmente, se optó por mantenerla, si bien limitando notoriamente la posibilidad de reclamarla: sólo podrán promover el correspondiente juicio de menor cuantía el cónyuge, los descendientes o ascendientes que (por no poder atender a su propia subsistencia) perciban alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación de reclamárselos. En caso de que tales familiares no existan, o existiendo, no tengan derecho a alimentos, cada uno es libre de gastar o malgastar cuanto le venga en gana.
El pródigo, reiterémoslo, no es técnicamente un incapacitado, ni se encuentra sometido a tutela, sino a curatela respecto de los actos de carácter patrimonial que, casuísticamente, se determinen en la correspondiente sentencia. Por tanto, el pródigo no se ve privado de su capacidad de obrar, sino que ha de contar con la asistencia de éste para realizar aquellos determinados actos que determine la sentencia, que válidamente no puede realizar sin su consentimiento.
Tras la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil la situación en relación con los pródigos se mantiene inalterada:
- Conforme al artículo 757.5 la declaración de prodigalidad sólo podrá ser instada por el cónyuge, los descendientes o ascendientes que perciban alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación de reclamárselos y los representantes legales de cualquiera de ellos. Si no la pidieran los representantes legales, lo hará el Ministerio Fiscal.
- De otra parte, conforme al artículo 760.3 la sentencia que declare la prodigalidad determinará los actos que el pródigo no puede realizar sin el consentimiento de la persona que deba asistirle.